Competitividad económica 1. Partimos de que el turismo es la actividad motor de la economía de Cancún y de nuestro estado. La diversificación económica depende de esto, por lo que impulsaremos a todas las pequeñas y medianas empresas (pymes) que integran las cadenas productivas que apoyan a las grandes empresas estratégicas para la economía local. El impulso consiste en fortalecerlas mediante el convenio firmado entre Nafin y el CCE para invertir hasta 5 millones de dólares en integrarlas a un programa de recuperación económica en caso de desastre natural, además de darles capacitación y asistencia técnica. 2. Sumaremos programas que aumentan la calidad de los servicios mejorando el funcionamiento de los establecimientos, promoviendo el distintivo de la marca de Calidad Turística Caribe mexicano y otros programas como el Distintivo “M” que tiene el sector para la mejora de las pymes turísticas. 3. Para atraer las inversiones sólo hay un camino que debemos apoyar y es el de lograr la certeza legal del marco jurídico municipal y estatal. Esto tiene mucha relación con la mejora regulatoria, y la transparencia y el acceso a la información; es lo que antiguamente se manejaba como simplificación administrativa. Por su impacto es que lo debemos abordar. 4. En cuanto al turismo como política pública, próximamente participaremos en las consultas que a nivel nacional promoverá el gobierno federal a través de la Sectur para participar en el “Plan Nacional de Turismo”. Ahí elevaremos todas nuestras propuestas de lo que debe ser nuestro destino turístico en materia de diversificación, productos, mercados, promoción, infraestructura básica y urbana, transporte aéreo, marítimo y terrestre, financiamiento y coordinación con gobiernos.

Nuestros asociados tienen sus propios programas y propuestas, que apoyamos por petición suya y porque atañen a toda la comunidad, tal es el caso de la señaliza¬ción de la laguna Nichupté y saneamiento de la Bojórquez —que promueven asocia¬dos náuticos— o la urgente glorieta que ya se necesita construir en el Boulevard Colosio —que promueven la Asociación de Co¬merciantes de la Central de Abastos y la Aso¬ciación de Proveedores de Quintana Roo— o la promoción de la certificación inmobiliaria para agentes inmobiliarios con que la AMPI Cancún certifica a sus socios. Legalidad y certeza Jurídica • Como ya se dijo, la certeza jurídica y la legalidad es lucha permanente; y cada cuerpo legal que afecte negativamente el buen fun¬cionamiento de la relación gobierno-empresa-sociedad, debe ser estudiado y mejorado o, en su caso, anulado, ya sea ley o reglamento. Tal es el caso de la actual Ley General de Vida Silvestre que sigue en discusión, pues ha que¬dado negada la posibilidad de hacer cualquier obra en terrenos en que existan manglares sin dar lugar a medidas de mitigación y de otro tipo. Actualmente, inclusive en el Senado se están negando a discutir la contrarreforma al artículo 60, que modera este extremo. Ello afecta todos los postulados aquí expuestos hoy y los desequilibra; por eso, es un tema que tenemos que atender. • La seguridad pública es un tema que compe¬te a todos. Cada quien tiene que poner su grano de arena; su descomposición tiene mucho que ver con el componente social, cultural y urba¬no, por lo que la estamos abordando desde dos puntos de vista: a) El preventivo, que es el social y adminis¬trativo, en el que promoveremos a través de ONG´s no lucrativas el establecimiento de es¬pacios de convivencia, parques, mejoramien¬to de policías pero con base en el sustento técnico de quienes elaboran estudios. b) El de administración de justicia, que es el técnico y legal, y donde participamos en los consejos consultivos ciudadanos de la PGR y de la PGJ. Como organismo empresarial, estamos en permanente diálogo con nuestras autoridades, con propuestas y critica constructiva, con fir¬meza pero con una gran capacidad diálogo y de formalización de acuerdos. Los tiempos de hoy son de trabajar unidos como cancunenses y quintanarroenses, de aprovechar nuestras ventajas competitivas, de resolver nuestras ca¬rencias y de trabajar día a día por ser el mejor destino turístico de México y del Caribe. En el CCE tenemos a los mejores hombres y mujeres de empresa comprometidos con Quintana Roo.

La Agenda Legislativa 2007 del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) gira en torno a once puntos centrales, algunos de los cuales —como la creación de tres fines de semana largos; el reembolso del IVA en compras de bienes por turistas extranjeros, y la tasa cero del IVA en Congresos y Convenciones— se consideran ya logros destacables del organismo en estos últimos meses a favor de los intereses del sector. Los once puntos son los siguientes. TURISMO 1. LEYGENERAL DETURISMO El CNET confirma su interés y disposición de colaborar con la Comisión de Turismo en la definición de la Ley General de Turismo pues considera que es la oportunidad de asegurar la prioridad del turismo para el Estado, así como de establecer vinculación y compromiso de otras Secretarías y dependencias que inciden en el turismo. La visión del organismo empresarial es alcanzar una Ley de promoción y fomento enfocada hacia la competitividad y la sustentabilidad en el sector 2. MANGLARES Ley General de Vida Silvestre El Senado aprobó reformas que dificultan la construcción en zonas con manglar, situación que se suma a los efectos negativos que provoca la Ley General de Vida Silvestre. De aprobarse esta iniciativa —que pasará a la Cámara de Diputados— se frenaría aún más la posibilidad de inversión en playas. Bajo el esquema actual la inversión en playas está prácticamente cancelada. Ante la necesidad de preservar el medio ambiente sin afectar el fo¬mento a la inversión y la generación de empleo, es urgente encontrar un modelo que armonice y haga viable el desarrollo sustentable del turismo y que la fórmula que se acuerde quede plasmada en la ley. 3. DERECHONOINMIGRANTE (DNI) Ley Federal de derechos Se solicita modificar la Ley Federal de Derechos para que los pasajeros que llegan al país en cruceros turísticos sean sujetos del Derecho de No Inmigrantes, DNI, así como asegurar que los recursos que se recauden vía DNI a los pasajeros de cruce¬ros se inviertan, tanto en promoción turística como en inversión en infraestructura en los municipios que lo generen, y que su administración de efectúe a través de fideicomisos en los que participe el sector privado. 4. DEDUCIBILIDAD No es posible que en nuestro país existan disposiciones que nos coloquen en desventaja respecto a nuestros principales so¬cios comerciales. Solicitamos restituir la deducibilidad de los consumos en restaurantes para llevarla de 25% a 50 %. De esta manera estaríamos equiparándola con lo que sucede en países como Estados Unidos y Canadá, que en materia turística son competidores de nuestro país. 5. DEVOLUCIÓNDEL IVA A LOS TURISTAS EXTRANJEROS Se lograron cambios que permiten la implementación del es¬quema de reembolso de IVA a turistas procedentes del extranjero por la compra de productos en México. Sin embargo, las reglas de operación que hasta ahora ha desarrollado la SHCP hacen inoperante este sistema. Es necesario impulsar que el sistema de reembolso del IVA a extranjeros por compra de productos en México se reglamente conforme a la práctica internacional.

La cultura de la legalidad es un mecanismo de auto¬rregulación individual y regulación social que exige por parte de todos y cada uno de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las propias convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. Es crear la costumbre de manejarse cotidianamente con legalidad sin que una tercera persona tenga que forzarnos a ello. Es estar consciente de que si uno actúa de esa forma se está colaborando a mejorar la sociedad de la que siempre nos que¬jamos, pero que nosotros mismos deterioramos. No actuar con legalidad puede ir desde dar una vuelta prohibida, copiar en un examen hasta privar de la libertad a una persona. Cualquier acto de ilegalidad por más mínimo que sea enferma a la sociedad y hace que la convivencia sea cada vez más imposible. Todos los individuos que vivimos en sociedad debemos contribuir: niños, jóvenes, adultos, ancianos, funcionarios públicos y civiles. Na¬die esta exento. Antecedentes La promoción de la cultura de la legalidad no es algo nuevo, desde los 90’s se han trabajado proyectos de Cultura de la Lega¬lidad con educadores y líderes de la sociedad civil comprome¬tidos a promover diversas acciones a favor del una Cultura de la Legalidad. Algunos de estos antecedentes se remiten a sociedades como la siciliana que alguna vez estuvo asolada por diferentes mafias y una enorme corrupción. El trabajo consistió en el cambio de la mentalidad de sus habitantes: se promovieron juntas vecina¬les con autoridades municipales, la Iglesia convocó a sus fieles a tener una participación política sin compromisos partidistas, hubo reuniones de directores de escuelas y padres de familia y recuperación de espacios públicos, entre otras acciones. En Colombia, por ejemplo, a través de los medios de comuni¬cación se han llevado a cabo campañas de concienciación pú¬blica, telenovelas y programas escolarizados de Cultura de la Legalidad. En México existen iniciativas que favorecen la Cultura de la legalidad, una de ellas es el programa para jóvenes de tercero de secundaria “Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad, implementado en Baja California, Chihuahua, Sina¬loa, Morelos, Tamaulipas y en algunas delegaciones de Distrito Federal. En la actualidad México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha decidido promover un programa de Cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, convocando a líderes de dis¬tintos sectores para sumar esfuerzos a favor de la Cultura de la legalidad. Ya que es necesario que entendamos que la legalidad debe ser parte cotidiana de la vida y que la aceptemos no como una imposición, sino desde el punto de vista de que un acto ile¬gal por más mínimo que sea hace que la sociedad se deteriore y la calidad de vida de todos empeore. México Unido Contra la Delincuencia Y el programa de Cultura de la Legalidad El objetivo del programa es desarrollar una red de líderes so¬ciales de diferentes sectores que promuevan la Cultura de la Legalidad. Para lograr este objetivo se han formado diferentes equipos de trabajo que se enfocan a sectores estratégicos de la sociedad. Los equipos se dividen en sector empresarial, Insti¬tuciones Educativas, Seguridad Pública, Medios de Comunica¬ción y Autoridades morales (en este último se integran Organi¬zaciones de la sociedad civil, líderes de las distintas Iglesias y asociaciones de padres de familia). Sector empresarial Promover y estimular la cultura de legalidad en TODAS las empresas mexicanas (grandes, medianas y pequeñas), a través del liderazgo de empresas modelo, de la concienciación de la legalidad, del apoyo de funcionarios públicos honestos y de un buró de apoyo. De igual forma se buscará difundir y divulgar la cultura de legalidad entre los empleados de las empresas empe¬zando por las empresas ya legales.

Que el programa de Cultura de la Legalidad se incorpore como materia obligatoria en la currícula de tercer año de secundaria en todos los subsistemas de la Secretaría de Educación Pública. Seguridad Pública Mejorar la relación entre la comunidad y la policía. Por comu¬nidad se entiende escuelas, empresas, iglesias, mercados, etc. Autoridades Morales y OSC Crear una red con Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen temas relacionados. Medios de comunicación Desempeñar un papel significativo en la promoción y fortale¬cimiento del programa de Cultura de Legalidad.

El ingeniero Orlando Arroyo Marroquín es Presidente del Grupo Sunset, uno de los más importantes de Quintana Roo, propietario y operador de cinco hoteles: Royal Sunset, Sunset Lagoon, Laguna Suites y Ocean Hotel (antes Carrousel) en Cancún y Fisherman´s en Playa Car, además de estar edificando un nuevo hotel en el Parque de Tres Ríos de la Riviera Maya. Auténtico pionero de Cancún —desde los inicios de su construcción en 1970—, Arroyo Marroquín estuvo encar¬gado del Fideicomiso de Urbanización de la Colonia Puer¬to Juárez, y después fue Director Regional de Fonatur en Cancún, Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Pre¬sidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. Durante su actuación en el Consejo Coordinador Empresarial al inge¬niero Arroyo le tocó diseñar, con otros importantes líderes empresariales, el proyecto de recuperación de playas de Cancún, que finalmente se apli¬có después del paso del huracán Wilma, y una serie de proyectos de recu¬peración de la infraestructura e imagen de Cancún, que fueron conocidos como el Programa de Recuperación y Competitividad de Cancún. —A varios años de distancia y dada la actual situación de las playas de Cancún, ¿cuáles considera usted que son las tareas del grupo empresarial para garantizar el futuro del atractivo natural? —El atractivo turístico fundamental de Cancún, al margen de su gran infraestructura hotelera y de sus servicios, son las playas que le dieron fama mundial. Sin ellas el centro turístico pierde la parte más importan¬te de su competitividad y deja de ser sustentable. La pérdida de arenales en nuestra playa principal, que se extiende desde Punta Can¬cún hasta Punta Nizuc es un problema re¬currente que exige investigación, proyectos y acciones permanentes y constantes. Para nadie es un secreto que el progra¬ma de recuperación de playas que ordenó el Presidente Fox estaba diseñado para recuperar los arenales que se llevó el hu¬racán Gilberto y que para resolver el pro¬blema ocasionado por el huracán Wilma se requería una cantidad mucho mayor de arena, lo cual nos dejó con una playa inestable y sujeta a la acción permanente de las marejadas de tormentas y huraca¬nes, que son cada vez mas frecuentes en nuestro Estado. De ahí que estemos adquiriendo el con¬vencimiento de que el problema no se ha resuelto en forma permanente, que garanti¬ce el futuro de Cancún, y que requerimos, además de un organismo técnico perma¬nente, dedicado a monitorear y mantener la extensión de las playas, de un financia¬miento permanente también, que le permita disponer de los recursos técnicos y econó¬micos necesarios para su labor. Para ello es necesario que todos noso¬tros, la sociedad y los tres niveles de go¬bierno, estemos plenamente conscientes del valor y del significado de la existen¬cia de nuestras playas, como parte central del motor socioeconómico de nuestra ac¬tividad turística. En todo el mundo se reconoce ya la im¬portancia del sector de viajes y turismo en la economía, en la generación de em¬pleos de calidad y en la competitividad internacional de los países. En Alemania se han gastado 3,300 mi¬llones de dólares en los últimos 40 años en la reconstrucción de playas y protec¬ción de la línea costera. En Japón el pre¬supuesto para la reconstrucción de playas y protección de las edificaciones costeras ha llegado a ser, en un año, de 1500 mi¬llones de dólares. España es un gran competidor turístico internacional debido al clima y a sus exten¬sas playas. Y realizó un programa de cinco años, tanto para construir nuevas playas como para restaurar las existentes, con una inversión de 200 millones de dólares. Los EU han venido gastando, en las últi¬mas décadas, un promedio de 34 millones de dólares anuales en restauración de pla¬yas, y el Cuerpo de Ingenieros de los EU ha propuesto al Congreso, para los próximos 30 años una inversión de 12,200 millones de dólares, que equivale a 466 millones de dólares anuales, para restaurar y proteger las playas norteamericanas. La restauración de las playas de Miami es un buen ejemplo del impacto económi¬co que tiene este tipo de inversión. Miami había perdido prácticamente sus playas a fines de la década de los 70’s, por lo cual puso en marcha un programa, de 1978 a 1983, con un costo de 52 millones de dó¬lares, para recuperar sus playas. Como resultado el número de turistas a Miami pasó de 8 millones en 1978 a 21 millones en 1983. En la actualidad Miami recibe más de 2 millones de visitantes ex¬tranjeros al año, que gastan más de 2,000 millones de dólares, lo que representa más 1,000 dólares de gasto per cápita, suma muchísimo mayor que la registrada antes de la renovación de sus playas. Tan sólo la captación anual de dólares de turismo extranjero, representa actualmente en Miami, 50 veces el costo inicial de su renovación de playas. El proyecto de reno¬vación de playas de Miami se diseñó para soportar un período de 15 años. El costo capitalizado del proyecto, sobre la vida que tiene hasta ahora, es un poco menos de 3 millones de dólares por año. Considerando únicamente el gasto del turismo extranjero se puede concluir que, por cada dólar in¬vertido en la rehabilitación de las playas de Miami, se obtiene un retorno anual de 500 dólares en divisas extranjeras y que se generan siete veces más impuestos anua¬les que antes de la restauración playera. (Fuente: US Army Engineer Research and Development Center). La pérdida de playas en un centro turís¬tico como Cancún reduce drásticamente el número de visitantes, deteriora la acti¬vidad económica afectando severamente el empleo y los ingresos de toda la pobla¬ción y reduce consecuentemente el nivel de ingresos fiscales del Estado, afectan¬do negativamente la infraestructura y los servicios públicos. En Cancún ya contamos con el Fidei¬comiso de Mantenimiento de Playas, que debe institucionalizarse, tecnificarse y fi¬nanciarse para que sea capaz de tener los elementos de investigación, asesoría téc¬nica, diseño y ejecución de proyectos de restauración y mantenimiento constante de nuestras playas. Contamos además con una revisión del Convenio de Coordinación Fiscal de la Federación con Quintana Roo que per¬mite dos cosas: que de los derechos que se cobran por concesión de zona federal marítimo terrestre se dediquen 70% al Ayuntamiento y 30% al mantenimiento de playas, y que de los derechos causados por terrenos ganados al mar se dedique 100% al mantenimiento de playas. En el caso del tramo que va de Punta Can¬cún a Punta Nizuc y que genera, en núme¬ros redondos, 15 millones de pesos anuales, se destinan para el municipio alrededor de 10 millones de pesos y para el fideicomiso de mantenimiento de playas poco menos de 5 millones de pesos. Si restauramos las playas, de acuerdo con el proyecto mínimo, con una anchura de 40 metros, el fideicomi¬so de mantenimiento de playas dispondría de cerca de 20 millones de pesos anuales para financiar sus trabajos. Si restaurára¬mos una playa de 60 metros de ancho, los recursos anuales para el fideicomiso serían de 35 millones de pesos. La solución que tenemos prácticamente en nuestras manos es que el fideicomiso se convierta en un organismo permanente, dotado de los elementos técnicos, de los recursos financieros y de la maquinaria necesaria, en su caso, para mantener per¬manentemente y en buen estado las playas que garantizan el futuro de Cancún.

En Cancún ya contamos con el Fideicomiso de Mantenimiento de Playas, que debe institucionalizarse, tecnificarse y financiarse para que sea capaz de tener los elementos de investigación, asesoría técnica, diseño y ejecución de proyectos de restauración y mantenimiento constante de nuestras playas

Después del huracán Gilberto, que erosionó dos terceras partes de las playas de Can¬cún en 1988, durante 14 años se discutieron una gran cantidad de proyectos parciales para recuperar los 12 Km. de playas que van de Punta Cancún a Punta Nizuc, para que quedaran como antes: una extensa playa de arena blanca, de 60 m de anchura, a lo lar¬go de 12 Km., que fue lo que constituyó el atractivo original de Cancún. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2002 cuando se decidió elaborar un pro¬yecto perfectamente diseñado por técnicos internacionales altamente calificados, para recuperar las playas de Cancún. En el periodo 2002/2005 se revisó, se actualizó y se validó el proyecto, discutién¬dose a nivel federal, estatal y municipal, sin que, a pesar de ello, se hubiera logrado dar el banderazo de inicio de las obras. En octubre del 2005 el huracán Wilma desapareció prácticamente la totalidad de las playas de Cancún, comprendidas en el litoral de mar abierto que va de Punta Can¬cún a Punta Nizuc. Después del huracán, el problema para los hoteleros fue la necesi¬dad de invertir muchos cientos de millones de dólares en la rehabilitación de sus ho¬teles, sabiendo que carecían de playas que atrajeran al turismo. Y el problema que tuvo el Estado de Quin¬tana Roo y México en su conjunto, fue recuperar un motor turístico que representaba, hasta an¬tes del huracán, un gasto turista diario de más de 10 millones de dólares. Frente a esta situación, el gobierno federal finalmente se dio cuenta del motor econó¬mico que representaba Cancún para el país y de la urgente necesidad de que este des¬tino volviera a operar como antes o mejor que antes. Por ello, el Presidente de la Re¬pública se responsabilizó personalmente del programa de recuperación de playas, aportó más de 200 millones de pesos y nombró al Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, como coordinador del proyecto, con el apoyo de SCT, Marina, SEMANART y los gobiernos estatal y municipal.

Durante muchos años se dijo que las pla¬yas tienen una doble función: son la mejor defensa contra los huracanes y, por lo tan¬to, la mejor garantía de protección de los edificios construidos a lo largo de la costa; e indudablemente son un factor esencial de competitividad turística. Sin embargo, a esta afirmación vale la pena ponerle pesos y centavos. Valgan algunos ejemplos. Japón maneja un proyecto permanente de restauración de playas y protección de edificaciones por una cantidad de 1,500 mdd. Y Alemania ha gastado 3 mil 300 mdd, en las últimas décadas, en recons¬trucción de playas y protección de edifi¬caciones costeras. España, por su parte, gasta un prome¬dio de 15 mdd anuales en restauración y mejoramiento de playas, y el cuerpo de ingenieros costeros de los Estados Uni¬dos ha propuesto al Congreso una inver¬sión de 466 mdd anuales para restaurar y proteger las playas norteamericanas en las próximas décadas. La restauración de las playas de Miami es un buen ejemplo de cuanto vale este bien natural. A finales de la década de los 70´s, había resentido una gran erosión en sus playas, por lo cual el Estado de Flori¬da puso en marcha un programa, de 1978 a 1983, con una inversión de 52 mdd. Como resultado del programa, el número de turistas a Miami pasó de 8 millones en 1978 a 21 millones en 1983. En la actua¬lidad se captan 850 dólares de gasto por cada visitante y el tiempo de estadía se ele¬vó de 4 a 6 noches por turista. Tan solo el gasto anual del turismo extranjero en Mia¬mi representa, en la actualidad, 40 veces el costo total de renovación de sus playas. En Florida, las playas contribuyen con 1000 mdd en impuestos federales, esta¬tales y municipales, permiten la genera¬ción de 442,000 empleos, han propiciado la inversión de 150 mil mdd en proyectos de edificaciones costeras y el gasto de los visitantes es de 21 mil 900 mdd. Los beneficios económicos para Flo¬rida y para Estados Unidos son tan im¬portantes que el Congreso del Estado de Florida ha declarado de interés público la recuperación y el mantenimiento de sus playas. Sólo en las playas de Miami se cuenta con un presupuesto de 2 mdd para el mantenimiento anual. Es evidente que las playas son un mag¬nífico negocio para Cancún, para Quintana Roo y para el país y que esto no es una sim¬ple declaración sino que sabemos, por los resultados en un lugar tan cercano como Miami, cuanto valen las playas y cuanto pueden redituar como inversión pública. En el momento actual las playas de Cancún requieren de urgente manteni¬miento y las playas de la Riviera Maya y de la población de Playa del Carmen requieren con urgencia de un inmediato trabajo de recuperación. Y asimismo sabemos de los problemas existentes en las playas de Nayarit y de otros centros turísticos importantes de México, dentro del rubro “sol y playa”, que sigue siendo el más importante promotor del turismo nacional e internacional. La experiencia en Cancún nos indica que en la medida en que gobierno, so¬ciedad y empresarios consideren las pla¬yas un activo económico fundamental, la cuestión de quién se responsabiliza y quién debe pagar por ellas tiene una so¬lución relativamente fácil. Nuestra propuesta es que el Gobierno Federal realice directamente los grandes trabajos de recuperación de playas y se los cobre a los propietarios de predios co¬lindantes, a través del Derecho de Zona Federal Marítimo Terrestre y/o del Dere¬cho de Concesión de Terrenos Ganados al Mar. En el caso de Cancún, calcula¬mos un periodo mucho menor a diez años para recuperar la inversión. El gobierno municipal, apoyado por el gobierno estatal y las representaciones de SHCP, SEMARNAT, y los hoteleros colindantes deberían llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, utilizando recursos correspondientes a Derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre. Estas sencillas reglas serían la conclusión de que el gobierno mexicano, impulsa¬do por SECTUR y su Plan de Desarrollo, considere a las playas de México como piezas valiosas del atractivo turístico y del Plan de Desarrollo Turístico de México, y establezca una política de Estado sobre con¬servación y recuperación de playas de gran atractivo, así como del financiamiento de dichas acciones, con cargo a recuperaciones especiales en el Derecho de Zona Federal Marítimo Terrestre, actualmente vigente.

A pesar de su enorme contribución social y económica al país, el turismo no ha sido, ni hoy ni antes, priori¬dad nacional, no obstante el esfuerzo del Gobierno, del sector privado y el Congreso en ese sentido, y no lo ha sido principalmente debido a cuatro factores: se ha carecido de instru¬mentos de concertación, se ha mantenido ausente en las grandes decisiones, no ha contado la Secretaría responsable con recursos ni facultades, y no ha habido reconocimiento para el sector privado. Aunque hasta el momento la legislación en turismo ha veni¬do evolucionando positivamente, y de una primera etapa con un enfoque controlador —en precios y tarifas, en clasificación hotelera— se ha pasado a una etapa con un mayor enfoque pro¬motor, de fomento a la actividad, aún nos preguntamos ¿qué tipo de Ley necesitamos? para una tercera etapa. ¿Qué tipo de orde¬namiento dará fortaleza e impulsará su desarrollo? En primera instancia se necesita un nuevo marco jurídico. Es pre¬ciso un ordenamiento que brinde facultades y peso político real a las instituciones turísticas; que establezca con claridad la vincula¬ción con Estados y Municipios y su relación con la IP; que defina la intervención del sector en leyes, reglamentos y disposiciones de incidencia en el turismo; y que defina la participación de éste en programas de gobierno que influya en los destinos turísticos. Desde luego la posición empresarial está a favor de un nuevo marco jurí¬dico, que reconozca la vocación turística de México, que asegure su desa¬rrollo turístico sustentable (comunidad, medio ambiente y desarrollo turís¬tico), que propicie la competitividad integral y que establezca mecanismos de concertación (Federal, Estatal y Municipal, y con sector privado). Así, es necesario contar con instituciones (públicas y privadas) fuertes, promotoras y con amplias facultades e influencia: con una Secretaría de Turismo fuerte, con recursos, facultades e involucrada en las grandes decisiones; con un Consejo de Promoción Turístico de México ágil, dinámico, operando con prácticas del sector privado, coordinado a través de un Consejo Privado independiente al Gobier¬no. (IFE, BANXICO); con un FONATUR redefinido, que actúe como banca de desarrollo y que sea el vehículo para obtener recursos para la planeación integral y la dotación de infraestructura básica y social en centros turísticos, y con un CNET reconocido, de derecho, como el organismo cúpula del sector empresarial. Por eso recomendamos una Ley que asegure al turismo como prio¬ridad nacional, que propicie una Política de Estado, que asegure coor¬dinación plena entre instancias de Gobierno y con sector privado, que incluya facultades para el sector en transportes; aeropuertos, puertos y carreteras; ordenamiento territorial; asuntos fiscales y financieros; desa¬rrollo social, educación y capacitación; migración y aduanas. Lo que menos necesitamos sin duda es un gobierno policía; no que¬remos regresar a controles artificiales que distorsionan la actividad. Es indeseable además que las instituciones del sector continúen aisladas, sin recursos ni facultades, y que algunos órganos de Gobierno se man¬tengan como “extraoficiales” y de relativa efectividad. (Comisión In¬tersecretarial) ni se continúe la falta de reconocimiento oficial al sector empresarial turístico (CNET). En suma, la Ley que necesita el sector debe atender cinco aspectos: uno, definir claramente su carácter de Ley; dos, darle más competencia a la Secretaría de Turismo; tres, establecer la función y contenido de la Decla¬ratoria de Zonas Turísticas Prioritarias; cuatro, regular la creación y opera¬ción de comisiones específicas para el sector; y cinco, buscar la manera de coordinar y promover el trabajo de los prestadores de servicios turísticos.

La Ley General de Turismo debe servir tanto de marco rector, como de marco de referencia para la expedición de leyes y re¬glamento en Estados y Municipios, y debe armonizar tanto ordenamientos propios del sector, como otras leyes, reglamentos y disposiciones que inciden en el turismo (ordenamiento territorial, medio ambiente, transportes…), al tiempo que cuente con facultades e instrumentos de Gobierno (Sectur, CPTM, Fonatur). Se necesita una Secretaría de Turismo orientada a la sustentabilidad y la compe¬titividad, involucrada en la determinación y operación de políticas públicas (transporte, infraestructura, desarrollo social, capacita¬ción, fiscal, financiera), y con recursos que le permita orientar la planeación integral del sector, los planes rectores de desarrollo de cada destino y estudios de gran visión para proyectar la dinámica del turismo, así como recursos para invertir tanto en infraestruc¬tura social y básica en los destinos, como en desarrollo de productos turísticos en conjunto con los Estados y los Municipios. Una declaratoria de zonas turísticas priori¬tarias debe contemplar los planes rectores de desarrollo por cada destino, comple¬mentados con estudios de gran visión que deriven en ordenamientos que se hagan ley. Pero, sobre todo, “atados” a programas integrales de desarrollo comunitario, con¬siderando la carga natural de cada destino a fin de crecer en armonía con el medio ambiente, y estableciendo estímulos rea¬les a la inversión, con la meta de detonar empleo y desarrollo. La creación de Comisiones —Comisión Intersecretarial de Turismo. Comisión Eje¬cutiva de Turismo (mixta) y Comisiones Estatales (mixtas)— no deben concretarse a solucionar temas circunstanciales, sino actuar bajo un criterio integral para impul¬sar a la actividad, concertar programas y recursos que establezcan sinergia con Es¬tados, Municipios y con el sector privado. Y finalmente, en cuanto a la coordinación del trabajo de los prestadores de servicios turísticos, la relación Gobierno–particulares debe orientarse hacia la promoción, fomen¬to, calidad y desregulación. El enfoque debe de ser de “socios”, aliados en un propósito común. Y la meta debe de ser establecer ac¬ciones coordinadas con la idea de fortalecer la competitividad y orientar al turista. Por eso, recomendamos establecer sistemas voluntarios para el reconocimiento de cali¬dad turística (antes clasificación oficial).